Por Luis Saenz, Publicado originalmente en www.ballotage.cl
“Todo Estado está basado en la violencia”
Trotsky, en Brest-Litovsk
Según Max Weber, la violencia es un factor determinante en la construcción y fortalecimiento del Estado y sus instituciones. Sin embargo, en los países del istmo centroamericano, la violencia no está entre las manos de su legítimo detentor –el Estado– sino que recae en poderosas organizaciones criminales. En lo básico, la autoridad de los poderes armados del Estado no debe ser cuestionada dentro del territorio, pero ¿qué pensar si en uno de los seis países, Guatemala, las agencias de seguridad privadas tienen tres veces más hombres que el Estado, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad estatales es escandalosa, y los criminales dominan extensas secciones del territorio? ¿A dónde fue a parar el Leviatán?
En Guatemala, El Salvador y Honduras la tasa de criminalidad está entre las 5 más altas de América Latina. En los otros tres países de la región –Nicaragua, Costa Rica y Panamá–, dicha tasa es notablemente inferior, pero su aumento constante en los últimos años es preocupante. Para tener una idea clara de la situación, según datos del Banco Mundial, en 2006, la población centroamericana era aproximadamente equivalente a la española, pero mientras en España se registraron 336 muertes violentas en 2006 (menos de una por año), Centroamérica registró 14.257 homicidios (casi 40 por día).
Y es que basta abrir aleatoriamente un periódico, un día cualquiera, para alucinar con las atrocidades que sobrevienen. Sin ánimos amarillistas o sensacionalistas, resaltaremos dos hechos macabros que evidencian el nivel de falta de autoridad estatal en la región: el 15 de febrero último, una “mano criminal” provocó un incendio en la cárcel de Comayagua (Honduras), dejando 382 reos muertos, varios heridos y 50 desaparecidos. Un año antes, el 15 de mayo de 2011, en el departamento guatemalteco de Petén, 27 jornaleros fueron decapitados a manos de los Zetas, una poderosa organización criminal mexicana, cuyas actividades van desde el robo de autos, extorsiones y tráfico de droga, hasta secuestros, homicidios, y tráfico de personas.
Pero, ¿cómo explicar esta oleada desenfrenada de violencia? Podemos detectar cuatro ejes explicativos principales: el narcotráfico, las bandas criminales denominadas “maras”, la facilidad en la obtención de armas de fuego, y debilidad institucional de los Estados.
El narcotráfico
El narcotráfico es el factor que más responsabilidad tiene en este auge de la violencia en la región. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la preponderancia del corredor centroamericano en el tráfico de drogas es un fenómeno relativamente reciente, ya que antes de mediados de los años 1990, el tráfico se llevaba a cabo a través del Caribe (UNODC, 2008).
El “efecto globo” se refiere al hecho de que, tras la neutralización de una cierta ruta de comercio de drogas, al poco tiempo después se abre otra. Lo mismo para la producción: cuando la producción se ataca en un país y se ve reducida, ésta se desplaza hacia algún país vecino u otra región. Como consecuencia de que Estados Unidos haya combatido de manera potente la entrada de las drogas a través del Caribe y que paralelamente, Colombia y México le declaran la guerra al narcotráfico, el flujo se trasladó al centro, al istmo donde se encuentran algunos de los países más pobres y desiguales del hemisferio. Estados débiles, cuyos niveles de impunidad son elevadísimos, donde hay armas en abundancia y muchos jóvenes desesperados dispuestos a unirse a las filas del narco. Hoy, la mayor parte de la droga consumida en Estados Unidos pasa por Centro América. La violencia ha tenido tal impacto que en la última Cumbre de las Américas, el tema de la legalización o la despenalización de las drogas estuvo presente en la agenda, como una medida para acabar con la violencia.
La cuestión de las “maras”
Las dos maras más importantes en Centro América, la “Mara Salvatrucha” (MS13) y la “Mara 18” nacen en los Estados Unidos durante los años 1980, cuando casi un millón de centroamericanos huyeron a ese país buscando escapar del conflicto armado interno en la región. Los migrantes se encontraron marginalizados y viviendo en la pobreza. Como consecuencia, una porción de ellos se vio envuelta con pandillas urbanas. Durante la década siguiente, los EE.UU. llevaron una política de deportación masiva, y muchos centroamericanos, dentro de los cuales se encontraban pandilleros, fueron enviados a sus países de origen. Una vez en Centro América, las bandas ganaron notoriedad por la violencia de sus actos criminales.
Actualmente, según un informe del Banco Mundial (Crime and Violence in Central America, 2011), la región cuenta con 920 maras en cuyas filas se cuentan aproximadamente 70 mil “mareros”, de los cuales más de la mitad se focalizan en Honduras, 14 mil en Guatemala y 10 mil en El Salvador. Aunque violentas, estas organizaciones no serían responsables más que del 15% de los hechos violentos en la región. Los gobiernos reaccionaron principalmente con políticas represivas denominadas de mano dura, y con limitadas iniciativas de rehabilitación y reintegración social. Las políticas de mano dura no son eficaces puesto que no corrigen el problema de raíz –y en varias ocasiones no respetan los derechos humanos más básicos.
Si la juventud se expone enlistándose en pandillas urbanas es porque cuando nadamos a contracorriente, a veces nos rendimos: están viviendo en ciudades cuya urbanización es improvisada, sus números explotan (en 2010, la quinta parte de la población total del istmo tenía entre 15 y 24 años según datos del PNUD), sus niveles de educación son muy bajos, lo que acarrea altos niveles de desempleo; están viviendo en países cuya inequidad es de las mayores en el mundo, tienen una muy limitada capacidad de consumo, están expuestos al uso de drogas y alcohol; y por si fuera poco, como veremos a continuación, las armas de fuego se consiguen muy fácilmente.
Muchas armas y ningún Leviatán
Como reza la letra de la canción de la banda de música puertorriqueña Calle 13 en su canción “La Bala”, las balas son igual de baratas que los condones. Según datos del Banco Mundial, en 2007 habían 4,5 millones de armas de fuego ilegales en la región, y se habla de un arma por cada diez centroamericanos. Esta disponibilidad se debe en gran parte a que la región tiene en su haber un convulso pasado reciente cuya violencia fue extrema y que fue manejado de tal forma que las armas utilizadas en los conflictos no fueron debidamente fiscalizadas tras los acuerdos de paz.
Se estima que aproximadamente 200.000 personas murieron como consecuencia directa del conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 hasta 1996; en El Salvador el conflicto duró de 1980 a 1992 y le quitó la vida a aproximadamente 75.000 personas; el conflicto nicaragüense mató a 38.000 personas. Obviamente, no todo el parque armamentístico centroamericano proviene de esos años convulsos. En los últimos años, se ha visto un aumento en el tránsito ilegal de armas asociado con el tráfico de armas. La droga ilegalmente fluye al norte, las armas fluyen ilegalmente al sur.
Y en todo este macabro contexto, las instituciones centroamericanas no han sabido dar la talla. La violencia criminal ha evidenciado las debilidades de los Estados. Hobbes se arrancaría los pelos: la policía es ineficiente, insuficiente y corrupta; el ejército no defiende la soberanía; las cárceles crean más criminales de los que reforma. En lo que se refiere a la justicia, más vale reír que llorar: en Honduras, sólo por dar un ejemplo, de 63.537 denuncias criminales registradas en 2006, tan solo 49.198 fueron investigadas, y la patética cifra de 1.015 casos vieron una decisión judicial (Crime and Violence in Central America, 2011).
La situación es tan desesperada que mientras, muchos centroamericanos tendrán más esperanza en el advenimiento del Mesías que la imposición sus seis Leviatanes.
