Elecciones Municipales 2012: El mito y la realidad sobre la “participación juvenil”

por @el_paria para @PuraBazofia

Letreros en algunas calles, paredes pintadas con distintos colores (azul, rojo, verde) anuncios en radio y en tv, para que decir las redes sociales son claros indicios del nuevo proceso eleccionario que se aproxima en el mes de Octubre, las elecciones municipales. 

Esta elección, a diferencia de las presidenciales y parlamentarias (de las pocas en donde se “tiene injerencia”), se caracterizan por tener un fuerte carácter local, unida a una fuerte influencia caciquista, especialmente en sectores rurales, tanto en la manera de elegir los candidatos como en el desarrollo de las campañas.

El proceso, de este año particularmente, tendrá un aspecto novedoso, será la primera elección con el nuevo sistema de inscripción de votantes , desde un modelo de inscripción voluntaria/voto obligatorio a uno inscripción automática/voto voluntario , este hecho trae consigo el aumento considerable del padrón de votantes en Chile (desde los 8 millones a los 10 millones aprox) además de existir la expectativa frente al comportamiento electoral que “tendrían” los jóvenes en esta elección, desde aquí planteo una pregunta con dos opciones posibles , ¿Los jóvenes alteraran el juego político tanto en esta elección como a futuro?

Para la respuesta afirmativa , podríamos decir que “Si existirá un cambio en el juego político”, esto nos denota el potencial que tiene el voto juvenil en alterar el juego político en nuestro país, en particular, en jugársela por opciones más arriesgadas y con mayor conciencia por el que y el quien se está votando , unido a que los partidos políticos tendrán que moverse en un eje distinto al que se han movido en los últimos 20 años , o sea , ir desde el consenso sin fin al de tener claro que cualquier paso en falso y “acuerdo con intereses” tendrá una respuesta no solo desde la juventud sino también desde los movimientos sociales .

Para la respuesta negativa, podríamos resumirla en “No genera mayores cambios”, se vincula más con dos factores por un lado, que ofrece el sistema político para atraer a estos “votantes” y por otro cuales son los canales “democráticos legitimados”. Para el primero, siendo claros, un sistema político que se mantiene encerrada en los círculos del congreso nacional, partidos con un organización centralizada en donde sus propios militantes jóvenes están excluidos, son claras señales de partidos políticos que no dan el ancho para generar atracción de estos nuevos votantes.

Los canales democráticos legitimados hace referencia a la imagen de democracia que en Chile proyectamos , esta es de un sistema altamente predecible y poco confiable , predecible en el sentido que son dos grandes coaliciones que disputan el “poder político” y generan una lógica del empate en donde no hay hegemonía de una coalición , lo poco confiable hace razón a como no se generan instancia de participación mayor de parte de los ciudadanos , una participación basada solo en el voto en 3 elecciones.

Yo me situó en la segunda opción, quizás con una mixtura, existe un potencial de participación política con el nuevo sistema, sin embargo, mientras sigan existiendo los marcos políticos actuales (encerrados en sí mismos) no habrá mayor cambio en las estructuras de poder en nuestro país.

Contaminación electromagnética y zonas saturadas de antenas de telefonía móvil: caso del Cerro la Pólvora

Cerro a la izquierda #P4 
(viernes 22 de junio del 2012)

(by Gama @gamasilvac )

En este programa de Cerro a la Izquierda abordamos la problemática de las antenas de telefonía móvil y la contaminación electromagnética en el sector de Cerro la Pólvora. En esta ocasión contamos con la participación del Sr. Gerardo Ravanal y el Sr. Roberto Konyg, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Junta de Vecinos de población Vista Hermosa, ubicado a los pies del Cerro la Pólvora.

Comenzamos la conversación remontándonos al pasado del territorio, en una época en donde no estaban instaladas las antenas, a la época en la que se instalo la población en su actual emplazamiento, en los años 50 y 60, cuando los grandes fundos que rodeaban Concepción empezaban a ser ocupados o divididos en parcelas  y vendidos. De esta forma los vecinos de Cerro la Pólvora lograron establecer sus hogares en estos territorios, urbanizando de forma comunitaria el naciente barrio, gestionando ellos mismos la electricidad del lugar, donando algunos trozos de terrenos para ser convertidos en calles y veredas, además de construirlas y financiarlas ellos mismos.

En el actual paño de terreno en donde se emplazan las antenas de telefonía existía una enorme arboleda con eucaliptos y araucarias que era usada como sitio de recreación por los pobladores, en donde el antiguo dueño contribuía en las celebraciones de fechas importantes. Se empezaron a instalar antenas de radio en la década de 1960, en la parte alta del cerro, cuestión que no impedía el uso del lugar en donde están emplazadas e incluso integrándolas a la celebración, llegando a colocar  banderas en Fiestas Patrias.

Los problemas empezaron con la instalación de antenas de telefonía celular a principios de los años 90, posterior a la venta del paño de terreno en donde estaban las antenas de radio. Para su instalación fue necesario la deforestación de importantes de sectores de los antaño frondosos bosques que habían, esto sin duda ha repercutido de forma negativa en la estabilidad geológica del Cerro La Pólvora, aumentando de forma evidente los riesgos de erosión y derrumbe de sectores del cerro, riesgos que se han materializado y que ya han cobrado la vida de 6 pobladores en diversos inviernos en épocas recientes. El pasó de los camiones cargados de materiales para la construcción de antenas término por destruir partes del pavimento de las calles y veredas que los mismos pobladores construyeron hace unas décadas. En el proceso de construcción de las antenas los mismos pobladores pudieron apreciar las pésimas condiciones de seguridad en la que los obreros construyeron las antenas.

La instalación de antenas contaron con la articulación de respuestas y reivindicaciones por parte de los pobladores, juntas de vecinos y algunas autoridades locales, manifestándose en las calles que ellos mismos construyeron en décadas anteriores, reivindicando las normativas existentes que impedían la circulación de camiones en sus pasajes. La respuesta de las empresas no se hizo esperar, levantando demandas en contra de las autoridades que se resistían y escudándose e detrás de carabineros cuando no dejaban pasar sus camiones.

Finalmente, la represión de carabineros y la connivencia de las autoridades municipales y estatales termino por desmotivar la participación de importantes sectores de la población, aunque se trato de una derrota los pobladores supieron también ir adaptando sus estrategias de lucha en los escenarios que se planteaban, actuando esta vez a través de recursos de protección presentados ante la justicia y a través del cabildeo efectuado antes diversos parlamentarios para intentar comprometer sus apoyo antes una legislación que contuviera los avances del las antenas en nuestros territorios.

Actualmente nos encontramos en la coyuntura de la promulgación de una nueva ley que en cierto modo restringe la instalación de antenas en diversas zonas del país además que velar por la no saturación de antenas en los territorios, debidos a los nocivos efectos que la contaminación  electromagnética provoca sobre las personas. Estos efectos están ampliamente documentados y entre ellos se cuentan efectos térmicos sobre los organismos que habitan cerca es decir el calentamiento progresivo de partes del cuerpo que posean agua en mayor cantidad, tales como ojos y masa encefálica. Entre sus otros efectos están la mayor ocurrencia de cefaleas, insomnio y trastornos del sueño, mareos y nauseas, además de promover mutaciones en mujeres embarazadas. Sus efectos sobre el precio de las propiedades adyacentes tienden a presionar los precios de las viviendas a la baja y no solo esto, tiende degradar barrios enteros. El lugar en donde ahora se instalaron las antenas ahora es un foco de drogadicción y delincuencia que enturbia las relaciones vecinales en la comunidad del Cerro la Pólvora.

Si bien la ley se establece como retroactiva, es decir  afectando a los sitios donde ya estaban instaladas las antenas, la Asociación de Municipios de Chile ha reclamado por la escasa participación que ellos han tenido en la elaboración de esta ley y acusan que la nueva normativa favorece a las empresas a la vez que resta atribuciones a los municipios. Si esto no deja de ser cierto, en varios aspectos la nueva normativa es bastante progresista al centralizar en una sola autoridad la responsabilidad de fiscalizar la instalación y funcionamiento de las antenas, considerando que antes la responsabilidad de fiscalizar estaba repartida en varias autoridades entre ellos  el ministerio de Obras Publicas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la Dirección de Aeronáutica Civil.

Su punto mas bajo es el plazo que las comunidades, organizaciones de base o Juntas de Vecinos, poseen para apelar ante la autoridad que solo asciende 10 días lo que sin duda es insuficiente considerando la cantidad de documentación altamente especializada y técnica que deben presentar para una reclamación de este tipo lo que evidentemente escapa muchas veces de las capacidades y conocimientos de organizaciones de pobladores. 

Creemos que esta nueva ley es un avance, no como se esperaba, pero entre lo que había y que será ahora, notamos un cambio positivo. Pero mas que sentarnos y cruzarnos de brazos, el camino que ahora nos espera estará lleno de alegrías y fracasos, de los que debemos recuperarnos y seguir luchando por eliminar cualquier rastro de estos mástiles que ensucian nuestro barrios y afectan nuestra salud.

Escuche aquí el podcast con el programa completito

Centroamérica: ¿Dónde está el Leviatán?

Por  Luis Saenz, Publicado originalmente en  www.ballotage.cl

“Todo Estado está basado en la violencia”

Trotsky, en Brest-Litovsk

Según Max Weber, la violencia es un factor determinante en la construcción y fortalecimiento del Estado y sus instituciones. Sin embargo, en los países del istmo centroamericano, la violencia no está entre las manos de su legítimo detentor –el Estado– sino que recae en poderosas organizaciones criminales. En lo básico, la autoridad de los poderes armados del Estado no debe ser cuestionada dentro del territorio, pero ¿qué pensar si en uno de los seis países, Guatemala, las agencias de seguridad privadas tienen tres veces más hombres que el Estado, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad estatales es escandalosa, y los criminales dominan extensas secciones del territorio? ¿A dónde fue a parar el Leviatán?

En Guatemala, El Salvador y Honduras la tasa de criminalidad está entre las 5 más altas de América Latina. En los otros tres países de la región –Nicaragua, Costa Rica y Panamá–, dicha tasa es notablemente inferior, pero su aumento constante en los últimos años es preocupante. Para tener una idea clara de la situación, según datos del Banco Mundial, en 2006, la población centroamericana era aproximadamente equivalente a la española, pero mientras en España se registraron 336 muertes violentas en 2006 (menos de una por año), Centroamérica registró 14.257 homicidios (casi 40 por día).

Y es que basta abrir aleatoriamente un periódico, un día cualquiera, para alucinar con las atrocidades que sobrevienen. Sin ánimos amarillistas o sensacionalistas, resaltaremos dos hechos macabros que evidencian el nivel de falta de autoridad estatal en la región: el 15 de febrero último, una “mano criminal” provocó un incendio en la cárcel de Comayagua (Honduras), dejando 382 reos muertos, varios heridos y 50 desaparecidos. Un año antes, el 15 de mayo de 2011, en el departamento guatemalteco de Petén, 27 jornaleros fueron decapitados a manos de los Zetas, una poderosa organización criminal mexicana, cuyas actividades van desde el robo de autos, extorsiones y tráfico de droga, hasta secuestros, homicidios, y tráfico de personas.

Pero, ¿cómo explicar esta oleada desenfrenada de violencia? Podemos detectar cuatro ejes explicativos principales: el narcotráfico, las bandas criminales denominadas “maras”, la facilidad en la obtención de armas de fuego, y debilidad institucional de los Estados.

El narcotráfico

El narcotráfico es el factor que más responsabilidad tiene en este auge de la violencia en la región. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la preponderancia del corredor centroamericano en el tráfico de drogas es un fenómeno relativamente reciente, ya que antes de mediados de los años 1990, el tráfico se llevaba a cabo a través del Caribe (UNODC, 2008).

El “efecto globo” se refiere al hecho de que, tras la neutralización de una cierta ruta de comercio de drogas, al poco tiempo después se abre otra. Lo mismo para la producción: cuando la producción se ataca en un país y se ve reducida, ésta se desplaza hacia algún país vecino u otra región. Como consecuencia de que Estados Unidos haya combatido de manera potente la entrada de las drogas a través del Caribe y que paralelamente, Colombia y México le declaran la guerra al narcotráfico, el flujo se trasladó al centro, al istmo donde se encuentran algunos de los países más pobres y desiguales del hemisferio. Estados débiles, cuyos niveles de impunidad son elevadísimos, donde hay armas en abundancia y muchos jóvenes desesperados dispuestos a unirse a las filas del narco. Hoy, la mayor parte de la droga consumida en Estados Unidos pasa por Centro América. La violencia ha tenido tal impacto que en la última Cumbre de las Américas, el tema de la legalización o la despenalización de las drogas estuvo presente en la agenda, como una medida para acabar con la violencia.

La cuestión de las “maras”

Las dos maras más importantes en Centro América, la “Mara Salvatrucha” (MS13) y la “Mara 18” nacen en los Estados Unidos durante los años 1980, cuando casi un millón de centroamericanos huyeron a ese país buscando escapar del conflicto armado interno en la región. Los migrantes se encontraron marginalizados y viviendo en la pobreza. Como consecuencia, una porción de ellos se vio envuelta con pandillas urbanas. Durante la década siguiente, los EE.UU. llevaron una política de deportación masiva, y muchos centroamericanos, dentro de los cuales se encontraban pandilleros, fueron enviados a sus países de origen. Una vez en Centro América, las bandas ganaron notoriedad por la violencia de sus actos criminales.

Actualmente, según un informe del Banco Mundial (Crime and Violence in Central America, 2011), la región cuenta con 920 maras en cuyas filas se cuentan aproximadamente 70 mil “mareros”, de los cuales más de la mitad se focalizan en Honduras, 14 mil en Guatemala y 10 mil en El Salvador. Aunque violentas, estas organizaciones no serían responsables más que del 15% de los hechos violentos en la región. Los gobiernos reaccionaron principalmente con políticas represivas denominadas de mano dura, y con limitadas iniciativas de rehabilitación y reintegración social. Las políticas de mano dura no son eficaces puesto que no corrigen el problema de raíz –y en varias ocasiones no respetan los derechos humanos más básicos.

Si la juventud se expone enlistándose en pandillas urbanas es porque cuando nadamos a contracorriente, a veces nos rendimos: están viviendo en ciudades cuya urbanización es improvisada, sus números explotan (en 2010, la quinta parte de la población total del istmo tenía entre 15 y 24 años según datos del PNUD), sus niveles de educación son muy bajos, lo que acarrea altos niveles de desempleo; están viviendo en países cuya inequidad es de las mayores en el mundo, tienen una muy limitada capacidad de consumo, están expuestos al uso de drogas y alcohol; y por si fuera poco, como veremos a continuación, las armas de fuego se consiguen muy fácilmente.

Muchas armas y ningún Leviatán

Como reza la letra de la canción de la banda de música puertorriqueña Calle 13 en su canción “La Bala”, las balas son igual de baratas que los condones. Según datos del Banco Mundial, en 2007 habían 4,5 millones de armas de fuego ilegales en la región, y se habla de un arma por cada diez centroamericanos. Esta disponibilidad se debe en gran parte a que la región tiene en su haber un convulso pasado reciente cuya violencia fue extrema y que fue manejado de tal forma que las armas utilizadas en los conflictos no fueron debidamente fiscalizadas tras los acuerdos de paz.

Se estima que aproximadamente 200.000 personas murieron como consecuencia directa del conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 hasta 1996; en El Salvador el conflicto duró de 1980 a 1992 y le quitó la vida a aproximadamente 75.000 personas; el conflicto nicaragüense mató a 38.000 personas. Obviamente, no todo el parque armamentístico centroamericano proviene de esos años convulsos. En los últimos años, se ha visto un aumento en el tránsito ilegal de armas asociado con el tráfico de armas. La droga ilegalmente fluye al norte, las armas fluyen ilegalmente al sur.

Y en todo este macabro contexto, las instituciones centroamericanas no han sabido dar la talla. La violencia criminal ha evidenciado las debilidades de los Estados. Hobbes se arrancaría los pelos: la policía es ineficiente, insuficiente y corrupta; el ejército no defiende la soberanía; las cárceles crean más criminales de los que reforma. En lo que se refiere a la justicia, más vale reír que llorar: en Honduras, sólo por dar un ejemplo, de 63.537 denuncias criminales registradas en 2006, tan solo 49.198 fueron investigadas, y la patética cifra de 1.015 casos vieron una decisión judicial (Crime and Violence in Central America, 2011).

La situación es tan desesperada que mientras, muchos centroamericanos tendrán más esperanza en el advenimiento del Mesías que la imposición sus seis Leviatanes.